Desde el Comité Nacional de Defensa Civil del Usuario Vial cuestionaron la “estatización” de algunos peajes en rutas nacionales como el de Devoto y luchan para que se caigan. Sostiene que son inviables técnica y constitucionalmente.
Desde el 1 de junio, el Estado asumió el control de la estación de peaje ubicada entre San Francisco y Devoto tal como lo hizo con otros cuatro corredores viales del país. Ya no es más Carreteras Centrales quien lleva adelante el cobro y mantenimiento de la traza que une San Francisco con Devoto, en la Ruta 19, sino Corredores Viales S.A. una empresa cuyo control está a cargo del gobierno nacional.
Desde el Comité Nacional de Defensa Civil del Usuario Vial (Conaduv) cuestionaron la medida señalando que se trata de “una empresa trucha que cuesta una fortuna” y manifestaron que tranquilamente se podría manejarse desde Vialidad Nacional.
“Durante la gestión Guillermo Dietrich (ministro de Transporte de la nación, del macrismo) se creó una empresa que está denunciada, totalmente ilegal, paralela a Vialidad Nacional que es Corredores Viales S.A que tanto criticó el kirchenerismo, y que hoy vuelven a poner en marcha, siendo que sale una fortuna”, señaló a LA VOZ DE SAN JUSTO el coordinador del mencionado Comité, Ricardo Lasca.
El proyecto del Comité
Asimismo criticó con dureza la existencia de peajes en rutas nacionales y consideró que los mismos deberían desaparecer ya que “lo que se cobra es un impuesto al transporte, a la circulación, peaje es otra cosa. Es cuando se construye, se termina la obra y luego la recupera con una tarifa de una renta nacional que puede ser un servicio público como luz, gas, y con un camino alternativo libre de pagos”.
De hecho, la entidad que representa cuenta con un proyecto para que caigan estas estaciones de peaje en las rutas nacionales siendo que consideran que es el Estado el que aporta para que se realicen las obras viales y no los corredores.
“Hemos hecho denuncias ante Defensoría del Pueblo para que se caigan todos los peajes nacionales por la inconstitucionalidad. Hay que terminar con este ´curro´ de casi 30 años y aplicar lo que se recauda en concepto de impuesto a los combustibles a obras viales”, afirmó.
“Lo que se cobra es un impuesto al transporte, a la circulación, peaje es otra cosa. Es cuando se construye, se termina la obra y luego la recupera con una tarifa de una renta nacional que puede ser un servicio público como luz, gas, y con un camino alternativo libre de pagos”.
“El peaje no es un pago a cuentas”, aclaró.
Precisó que por este concepto de impuesto al combustible se recaudan cerca de 90.000 millones de pesos anuales que equivalen a 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año “que se podrían hacer y no se hacen”.
“Deberían llamarse cabinas de castigo”
Lasca sostuvo que los peajes son inviables tanto desde el punto de vista técnico como constitucional por la falta de caminos alternativos y la doble imposición. “Estamos pagando impuesto a los combustibles, tasas viales, contribuciones, VTV, patente, mantenimiento, no podemos pagar otro impuesto más”, dijo.
En este caso, consideró que las cabinas no deberían llamarse de peajes, sino de “curro o castigo” porque actúan como un impuesto al tránsito que encarece la logística.
En tanto contó que los peajes de las rutas nacionales 11 y 188 fueron desactivados gracias a la lucha del Comité.
Contó que la excusa de muchos gobiernos para no sacar los peajes es el personal que trabaja en las estaciones. “Nuestra propuesta contempla la reasignación de los empleados. Podrían transformarse en Agencias de Seguridad Vial, controles de carga, áreas de descanso, entre otras”, sugirió.
Más de 14 millones de dólares en 30 años
Por otro lado, Lasca aclaró que el mal accionar no se limita a un gobierno de turno sino “de todos los que pasaron desde los 90 cuando se implementó este sistema inédito para cobrar impuestos en rutas existentes y sin caminos alternativos lo cual generó un monopolio natural donde el usuario es rehén de cada empresa concesionaria de un camino que es de dominio público”.
“Todos los gobiernos han sido y siguen siendo cómplices de más de lo mismo, desde hace 30 años”, criticó.
“El que compra un sachet de leche está pagando peaje. Hay que bajar los costos de logística”,
Según datos extraoficiales, desde la gestión encabezada por Carlos Saúl Menem, cuando se implementaron los peajes, hasta la actualidad, la recaudación de estos corredores supera los 14 millones de dólares (entre tarifas y subsidios).
Un llamado a los pueblos
Finalmente Lasca convocó a intendentes, concejales, cámaras de comercio e instituciones de las localidades que están sobre la ruta, que salgan a defender los intereses de sus habitantes siendo que “los peajes son un castigo a sus trabajadores que todos los días tienen una garita en la puerta del pueblo”.
“El que compra un sachet de leche está pagando peaje. Hay que bajar los costos de logística”, reclamó. “Nos están robando para matarnos, porque muchas de las tragedias en las rutas serían evitables si se hicieran las obras correspondientes con este dinero”, concluyó.
Fuente: La Voz de San Justo
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